Yacyretá: Energía que duele

La elevación de la cota definitiva de la represa Yacyretá abre el debate sobre los impactos ambientales y sociales que ha generado la construcción de la misma. Organizaciones ambientalistas denuncian pérdida de bosques, desplazamientos forzosos y aniquilación de peces.

La represa de Yacyretá se encuentra 320 kilómetros al sudeste de Asunción y a 250 al Este de la ciudad de Corrientes, enclavada en la zona conocida como los Rápidos de Apipé. El 3 de diciembre de 1973 se firmó el tratado mediante el cual Argentina y Paraguay se comprometieron a emprender en común la obra. Para ello se fundó la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a la que se le asignó capacidad jurídica y responsabilidad técnica para realizar los estudios y proyectos necesarios.

La construcción comenzó el 7 de diciembre de 1983 y su inauguración fue el 7 de julio de 1998 por los presidentes Carlos Menem y Juan Carlos Wasmosy de Paraguay. El 25 de febrero de este año Cristina Fernández y su par paraguayo Fernando Lugo dieron inauguración de la elevación de cota definitiva.

Del presupuesto final de 11.000 millones de dólares, 7.000 corresponden a costos financieros y otros 1.000 a estudios de consultoría. Todavía se ignora el paradero de 1.870, a pesar de las numerosas investigaciones que se han hecho. Funcionarios del EBY han sido investigados y condenados por malversación y de fondos y especulación con información privilegiada. Incluso el ex presidente Menem la llamó “un monumento a la corrupción”.

Desde el inicio de su construcción, la población misionera, correntina y paraguaya se manifestó en contra del proyecto por los riesgos ambientales que implicaba. En 1996, se realizó un plebiscito en Misiones donde el 88% de la población se manifestó en contra de la construcción de la represa de Corpus, proyecto que luego no se concretó pero sirve para entender el clima en la provincia.

“Yacyretá tiene todos los peores defectos ambientales y sociales que no deben repetirse en ningún proyecto hidroeléctrico más. Nunca escuché que hayan hecho algún estudio de impacto ambiental. Es uno de los casos más notables de lo que no se debe hacer. Significó años de sufrimiento de mucha gente y nadie volvió a recuperar la calidad de vida que tenía antes”, sostiene Raúl Bregagnolo, presidente del Grupo Ecologista Cuña Piru.

La construcción de la represa significó la pérdida de millones de hectáreas de bosques, muchas de ellas abandonadas bajo el agua y en descomposición. Sumado a la destrucción del habitat de miles de especies de flora y fauna que vivían en la zona. Si bien se plantea a la energía hidroeléctrica como una fuente no contaminante, todas las represas emiten gases de efecto invernadero, que aportan al calentamiento global por la putrefacción de la biomasa. “Se miente cuando se dice que es una energía limpia. Contribuye al cambio climático y tiene altos costos ambientales”, afirma el ingeniero Raúl Suárez Montórfano de la ONG M´Biguá.

Sumado a ello, las aguas estancadas generan o por lo menos ayudan a propagar enfermedades como la esquistosomiasis, disentería, diarreas, viruela, erupciones en la piel, tuberculosis, sífilis, fiebre amarilla, dengue y leishmaniasis. Además, las líneas de transporte de energía pueden causar malformaciones físicas al nacer, cáncer, tumores cerebrales y problemas en el sistema nervioso.

“Los índices de desnutrición y malnutrición en las provincias que alojan la represa no son buenos. Los padres no tienen dinero por la falta de trabajo y lógicamente eso impacta en los hábitos alimenticios”, revela Jorge Cappato, director general de la Fundación Proteger.


Un impacto social y económico

La construcción del embalse de la represa causó el desplazamiento de más de 80.000 ciudadanos argentinos y paraguayos, alterando el estilo de vida de más de tres generaciones de personas. Miles de casas fueron demolidas y sus habitantes que solían vivir cerca del río fueron trasladados a más de 10 kilómetros del mismo, alterando sus actividades económicas y provocando el doloroso desarraigo.

“No sólo se trata de cuánto dinero le dan por su propiedad a estas personas, sino cómo le solucionan su vida que solía basarse en ciertos elementos básicos que les fueron quitados. Es un cambio en su modo de vida”, expresa Bregagnolo.

Organizaciones ecologistas de Corrientes y Misiones revelan que la actividad pesquera y la construcción de ladrillos, dos de los principales oficios de la zona, descendieron abruptamente. El río solía ser el centro de la vida de la comunidad y ahora al haber sido mudados a la fuerza los “refugiados ambientales” perdieron su principal fuente de ingresos y alimento.

“Fueron afectados campesinos cuyas tierras quedaron inundadas y comerciantes cuyos locales quedaron en ruinas. Se destruyeron miles de puestos de trabajo a pequeña escala para proveer energía a los grandes centros urbanos”, describe Cappato.

El Brete, un ejemplo de resistencia

El barrio El Brete solía estar en Posadas, Misiones pero con la construcción de Yacyretá quedó totalmente inundado y los vecinos fueron trasladados a más de 10 kilómetros de toda zona urbanizada. El punto de reunión de todos sus habitantes fue siempre el club, en el cual invirtieron dinero para ir construyéndolo de a poco. Sin embargo, este también quedó bajo agua.

Al ver como otros barrios iban desapareciendo y sus vecinos también eran trasladados, los integrantes del club decidieron movilizarse para enfrentarse al desalojo. Así, se manifestaron en espacios públicos de Posadas e incluso llegaron a permanecer encadenados durante seis meses en la plaza principal como signo de protesta.

Silvio Orlando Albarenga es el presidente del club y uno de los vecinos que más ha sufrido el desarraigo. El 5 de noviembre del año pasado fue desalojado de su casa por 300 efectivos de Gendarmería, Prefectura y la Policía luego de vivir seis meses con el agua hasta las rodillas ante la negativa de abandonar su domicilio y trasladarse a un nuevo hogar.

“Hoy como relocalizado vivo en un lugar en el que no soy feliz. Me destruyeron la vida y extraño mucho mi casa. Nos llevaron a un predio muy lejos de la ribera que estaba en un total abandono” afirma Albarenga.

La pesca quedó en el pasado

En la porción de la cuenca del río Paraná donde se asienta la represa existen importantes poblaciones de peces que a lo largo de su ciclo de vida necesitan realizar repetidas y extensas migraciones. Para ello, se incorporaron dos sistemas de transferencia que permitirían que cantidades variables de diferentes especies prosigan con su migración aguas arriba del embalse.

Sin embargo, estudios ambientales revelaron que este sistema de ascensores no funcionó. Los peces no se crían en el embalse y no encuentran el alimento necesario para sobrevivir, lo que lleva a la disminución de la biomasa total de especies.

“Yacyretá causó daños irreversibles en la vida del río Paraná. Las islas, humedales, esteros y bañados son gigantescos criaderos de peces que significan muchas toneladas de alimento pero a partir de la construcción del embalse ya no están más. Los altos ingresos por la pesca deportiva también quedaron en el olvido”, concluye Cappato.

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Mobbing: La nueva cara del acoso laboral

Son cada vez más las denuncias en Argentina por este tipo de maltrato en el trabajo. No existe una ley específica que lo regule y los síntomas que genera son muy graves. La concientización es la clave para evitarlo.

Hace seis años que Florencia trabaja como empleada administrativa en una empresa de informática. Desde comienzos de este año se le hace cada vez más difícil soportar la presión que recibe de sus jefes. “Me asignan metas imposibles de cumplir, me niegan el horario de almuerzo y me hacen irme tarde y entrar más temprano”, sostiene. Pero no es sólo eso. El maltrato de los superiores es constante, no le otorgan días de estudio y los feriados y las vacaciones son asignados de manera arbitraria. Sin darse cuenta y poco a poco Florencia se convirtió en una víctima más del mobbing, la nueva cara del acoso laboral.

Esta forma de maltrato en el ámbito de trabajo consiste en la comunicación hostil y sin ética, dirigida de manera sistemática por uno o varios individuos contra otro, que así es arrastrado a una posición de indefensión y activamente mantenido en ella.

Un psicólogo alemán nacionalizado sueco, Heinz Leymann, fue el primero en definir el concepto de mobbing en 1996. “Es el continuo y deliberado maltrato verbal y moral que recibe un trabajador por parte de otro para lograr su destrucción psicológica y así obtener su salida de la organización”, sostiene el especialista. Dos años después, Duncan Chapell y Vittorio Di Martino elaboraron el informe de la Organización Internacional del Trabajo “Violence at Work” y consolidaron el tema en el mundo académico.

El origen del maltrato puede estar tanto en alguien de un cargo superior como de un colega del mismo nivel. Es un fenómeno no inmediato que necesita de un desarrollo lento en el que van apareciendo los síntomas de hostigamiento. En la mayoría de los casos, el foco de ataque se produce contra alguien con un rendimiento laboral ejemplar.

“El jefe puede sentir que el sujeto le está haciendo sombra o tiene miedo de que se ponga en evidencia que alguien es más capaz que él para el puesto. Es un abuso de poder. También se puede dar entre pares donde toman a alguien de punto y tratan de disminuirlo para vencerlo en una competencia imaginaria”, sostiene la psiquiatra y psicóloga Elsa Wolfberg de la Asociación Psicoanalítica Argentina.

Entre las principales acciones del mobbing, aparecen críticas constantes, insultos en ausencia de testigos, desmerecimiento del trabajo, inventar injurias, separación del entorno laboral y sobreexigencia de trabajo. Es importante que la persona pueda identificar estos síntomas. Si esto no ocurre, asumirá la desvalorización como propia y se considerará incompetente.

Los efectos del mobbing en la víctima son serios y comparables a los del trastorno por estrés post-traumático. Es frecuente que las víctimas sufran de diversos trastornos de angustia, ansiedad, irritabilidad, dificultad para conciliar el sueño o insomnio, depresión, episodios paranoides, abuso de sustancias, decaimiento, disminución de la autoestima, incapacidad de concentrarse, cefaleas, trastornos digestivos y otras manifestaciones psicosomáticas, conflictos con la pareja y demás seres queridos.

“La persona se torna cada vez más sintomática y empieza a faltar al trabajo y a hacer tratamientos. Puede llevar a un estado de invalidez total en el trabajo”, sostiene Wolfberg.

Argentina, sin reglamentación

En Argentina no existe una legislación específica a nivel nacional que regule los casos de mobbing. Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Misiones y Entre Ríos sancionaron leyes entre 2002 y 2005 que contemplan este tipo de maltrato. Sin embargo, sólo se aplican al ámbito de la administración pública. Además, dichos empleados tienen la posibilidad de realizar denuncias en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

“El abordaje de los casos es a partir del daño. La persona manifiesta que está pasando por una situación crítica como consecuencia del ámbito laboral. Para poder probarlo necesita tener testigos y un certificado médico de un psiquiatra o psicólogo que avale que lo que está ocurriendo es de origen laboral”, sostiene Mariano Páez, abogado de la Asociación Civil Acosados. La misma recibe denuncias de empleados y les ofrece asistencia especializada de médicos y abogados.

Al no haber una reglamentación para esta problemática, el abogado al momento de hacer la denuncia se apoya en legislaciones complementarias como el Código Civil y la Ley Anti Discriminatoria. De lado de los jueces, se suele aplicar la teoría dinámica de la prueba. “Antes ante un caso de mobbing el empleado era el único que debía probarlo. Hoy en día el empleador también debe hacerlo”, explica José Luis Zapata, abogado del estudio O’Farrell.

Capacitación y prevención

En las grandes empresas multinacionales con sede en Argentina el mobbing es un tema en agenda. Mensualmente organizan campañas con afiches y charlas de concientización para remarcar la apertura del empleador al momento de recibir denuncias. Incluso algunas compañías tienen números de teléfono donde se puede hacer el reclamo correspondiente.

La actitud de un criterio amplio para recibir denuncias hace que el mobbing pueda ser prevenido. El problema aparece en las PyMEs donde esa política de erradicación del problema es prácticamente inexistente.

“Las empresas grandes suelen manejar un código de conducta con su personal, que muchas veces no es más que una formalidad. De resultar denunciados, los empresarios habrán de negarlo con fervor patronal”; reflexiona Eduardo Tavani, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.

Para Páez, lo importante es capacitar a los ciudadanos en las herramientas básicas de derecho laboral. “A la mayoría cuando empieza un trabajo no le explican la Ley de Contrato de Trabajo, no le dicen si su actividad tiene un convenio colectivo y en consecuencia desconocen sus derechos y obligaciones”, sostiene el abogado. Es por ello que propone una política de Estado a partir de la cual se organicen talleres y grupos de trabajo que sirvan para concientizar sobre el tema.